Luis Salas
Entre las tantas cosas sin sentido que los ideólogos de la derecha económica suelen decir sobre la inflación, destaca aquella según la cual ésta es un impuesto perverso y de facto que cobra el Estado a los ciudadanos y ciudadanas. Es una idea bastante vieja, pero que se hizo especialmente popular a partir de la decadencia intelectual que supuso el triunfo del monetarismo y el neoliberalismo en la mayoría de las escuelas de economía y prácticamente todos los medios de comunicación desde principios de los años 80.
Varias razones explican esto. Pero la más simple y llana es la de servir de punta de lanza dentro de la andanada de prejuicios y estigmatizaciones dirigidas contra el Estado con el ánimo de satanizarlo como culpable de todos los males que aquejan a las sociedades y al mundo en general, entre ellos, por supuesto, el de la inflación.
Pero como suele suceder con todos los prejuicios y estigmatizaciones, el de hacer aparecer la inflación como resultado de una política de Estado, no solo tenía –y tiene- como función colocar el foco de atención y por tanto de molestia de los ciudadanos y ciudadanas sobre un supuesto culpable, sino también la de distraer la atención de esos mismos ciudadanos y ciudadanas sobre otros actores sociales que no solo todo indica tienen mucho más influencia directa que los Estados y gobiernos sobre el fenómeno inflacionario, sino que, claramente, se benefician del mismo de manera menos esotérica a como se supone lo hacen el Estado o los gobiernos.
A este respecto, me gustaría traer a colación y valerme de una idea planteada por mis compañeros del CELAG Guillermo Oglietti, Nicolás Oliva y Mauro Andino en un artículo titulado Ecuador: un debate serio sobre la desestabilización económicapublicado en este mismo espacio. En el mismo, ellos se refieren a la especulación (y por tanto a la inflación) como un impuesto de las élites económicas, planteamiento que cualquier venezolano y venezolana que haga compras está en la capacidad de entender plenamente, pero que en lo más específico, nos servirá para explicar qué tiene de importante la eliminación del ajuste por inflación decretada por el presidente Nicolás Maduro el pasado 30 de diciembre.
Para entender cómo funcionan la especulación y la inflación resultante de la misma como impuesto de las élites económicas, lo primero que hay que tener claros es qué es un impuesto. Un impuesto tiene dos grandes características que lo hacen llamarse tal: 1) es establecido por un poder único legalmente facultado para hacerlo. Y 2), es de obligado cumplimiento por parte de los ciudadanos y ciudadanas. En el mundo de hoy los impuestos son establecidos y recaudados única y exclusivamente por el Estado en nombre de la sociedad y como administrador de la República. Y en mayor o menos medida, tienen un fin redistributivo de la riqueza social generada y acumulada. De hecho, varios de los países más ricos y estables del mundo se caracterizan por tener estrictos sistemas impositivos, lo que, ante la imposibilidad –o la negativa- de aplicar reformas que alteren el régimen patrimonial, se constituye el medio más eficaz para corregir los desequilibrios y distorsiones causadas por la desigualdades patrimoniales.
Sin embargo, hasta no hace mucho era el Rey, el Señor Feudal, la Iglesia o el Encomendero quien establecía los impuestos de forma discrecional, injusta y violenta. Y muy lejos estaba entre sus propósitos el ser un mecanismo de redistribución progresiva de la riqueza social. Era exactamente lo contrario: los impuestos eran un mecanismo que aumentaba la concentración de la riqueza al tiempo que se constituía en una vía para expoliar a quienes sobre se ejercía, como hemos visto en cientos de películas y leído en miles de historias.
Pero como comentan Oglietti, Oliva y Andino, si nos ponemos a ver, ésta práctica en realidad no es tan remota si consideramos que en países como los nuestros la mafia, el narcotráfico, las guerrillas o el paramilitarismo, establecen pagas obligatorias a cambio de "seguridad y paz". Es así que estás estructuras de poder, que no son el Estado convencional y se establecen como Estados paralelos, tienen la facultad de establecer impuestos, tasas o cuotas bajos sus propias leyes, que desde luego no tienen ningún tipo de legitimidad democrática sino que son impuestas por la vía de hecho por el mero ejercicio del poder de facto que suele dar la tenencia de armas. Basta revisar por ejemplo la historia reciente de Colombia con su conflicto armado, la situación de los carteles de la droga en México o las bandas mercenarias que operan en Siria e Irak, para aceptar que el gobierno no es el único que establece impuestos.
Así las cosas, si el lector o la lectora está de acuerdo que los impuestos son, en fin de cuentas, cualquier paga de obligado cumplimiento para beneficio de un agente que tiene el poder único de actuación y, por tanto, pueden ser establecidos por personas o grupos diferentes al Estado convencional, entonces, imaginemos que ese agente ya no es el Estado, la mafia, los paramilitares o el ISIS, sino que es simplemente el mercado monopólico y especulativo, esa entelequia qué a fin de cuentas está dominado por los poderosos quienes imponen sus reglas, límites y sanciones. Por lo tanto, coincidirá el lector o la lectora que el mercado también fija impuestos para su propio beneficio, impuestos que no son legales como el caso de la especulación simple y llana (la práctica de cobrar lo que sea aprovechándose de la necesidad y/o debilidad del consumidor). O que siendo legales formalmente hablando son totalmente ilegítimos e injustos en cualquier orden democrático, como es el caso del ajuste por inflación.
En efecto, más allá de las formales, no hay diferencia entre la mafia, la guerrilla o los grandes grupos oligopólicos en el sentido que todos ellos tienen el poder de fijar impuestos, tasas o cuotas. El incremento del precio es el impuesto o cuota que ellos imponen por ser los dueños de la riqueza, por ser los nuevos señores feudales del mercado concentrado y voraz. Aquellos analistas y académicos, que defienden el statu quo, dirán que la fijación de precios por prácticas oligopólicas no pueden ser catalogadas como un impuesto, porque los consumidores siempre tienen la libertad de comprar en otra parte. No obstante: ¿es esto realmente cierto? Sería reduccionista pensar que la libertad se mide solo por la decisión autárquica de ir a la tienda de la esquina o comprar en un gran supermercado. Hay que elevar el debate y reconocer que el sistema de mercado en Venezuela como en otros países fuerza a la gente a comprar donde el mercado lo establece, obliga a que el consumidor vaya donde el supermercado está y bajos las condiciones que el oferente impone como ocurre en otras partes del mundo. Puede que este oferente sea una gran cadena tipo Polar, el único pulpero del pueblo que tiene el pollo, el último bodeguero que tiene el papel tualet o, de un tiempo a esta parte, el bachaquero que tiene cualquier cosa. Por lo tanto, si la ciudad y el país están absolutamente capturados por estos personajes, ¿cómo podemos considerarnos libres de elegir?
Si los consumidores de ese mercado no pueden hacer nada para evitar que impongan los precios que los poderos quieren fijar; si los pequeños productores no pueden hacer nada para competir porque las élites han cooptado a proveedores y definen el precio que les quieren pagar; si los ciudadanos no somos capaces de protestar o quejarnos porque esconden los productos para subir los precios como una ética propia de especuladores y rentistas; si no somos conscientes que estamos sitiados por el mercado omnipresente y sentimos los abusos como algo normal; entonces por qué no llamamos las cosas por su nombre: las élites económicas de este país establecen impuestos que aumentan su desenfrenada acumulación de riqueza. Mientras que la fulana "libertad de elegir" no es más es una quimera de la que los medios de comunicación y los especuladores nos quieren convencer; no hay tal libertad: somos presos de su mercado oligopólico y especulativo
Durante los años '90 era parte del paisaje económico ver cómo se especulaba con los precios, hoy nos sigue pareciendo que es parte del sentido común. Basta ya de aceptar y hasta justificar los impuestos de las élites económicas, que van en beneficio de unos pocos, y por el contrario, rechazar los impuestos del Estado que es la contribución de todos para una sociedad más justa.
Pero dentro de la galería de impuestos infames que son cobrados a todos y todas en beneficio de unos pocos, el del ajuste por inflación merece un lugar especial puesto que, como dije, es legal –o lo era- si bien no está establecido como un impuesto sino más bien como un seguro que los capitalistas tienen contra la inflación que ellos mismos generan, y que por esa vía, más que un seguro viene actuando como un incentivo para especular.
El ajuste por inflación en la legislación fiscal venezolana forma parte del legado de fechorías y triquiñuelas dejado nada menos que por Pedro Tinoco[1]. Él fue su principal promotor, si bien mandó a sus empleados a hacer el trabajo. Uno de ellos fue Humberto Romero-Muci, de los mayores expertos de nuestro país en materia de evasión fiscal y fuga de capitales, todo lo cual hace desde hace mucho tiempo en calidad de socio del bufete D Empire Reyna y Asociados, favorito de los ricos y transnacionales. Los otros dos fueron Miguel Enrique Otero (Dueño del diario El Nacional) y Ramón José Medina (quien fungiera hasta el años pasado de Secretario Ejecutivo de la MUD), quienes presentaron la propuesta en su calidad de diputados del Congreso Nacional en 1990, en lo que desde entonces se conoce como el Proyecto Otero-Medina.
El ajuste por inflación es el mejor ejemplo de eso que decía Domingo Alberto Rangel de que en economía existen dos puntos de vistas, los cuales dependen de qué lado del mostrador se esté. En este caso, se trata del punto de vista de los que están del lado de adentro, los cuales lo defienden como un derecho humano en defensa de la propiedad privada. En lo concreto, el ajuste por inflación consiste en una jugarreta contable que tienes efectos patrimoniales pero también fiscales, en la medida en que hace que el patrimonio se ajuste hacia arriba apreciándose según la inflación, pero los impuestos que se pagan –cuando se pagan- hacia abajo por la misma causa. Lo notable del caso es que todos aquellos que se quejan de los ajustes salariales (que no dependen de la voluntad de los trabajadores y trabajadoras) suelen ignorar olímpicamente el ajuste por inflación (que queda en manos de los comerciantes y sus contadores) dentro de los causales inflacionarios.
En el caso de la banca, donde el ajuste por inflación fue eliminado en una reforma anterior por el presidente Maduro, las cifras y consecuencias derivadas del mismo -entre otros mecanismos y prácticas, claro está – son poco menos que escandalosas. Y para evitar acusaciones de parcialidad y resentimiento social citemos al FMI que periódicamente arroja indicadores que permiten comparar la rentabilidad de diferentes sistemas financieros del mundo en un sitio web denominado Financial Soudness Indicators
Entre los múltiples indicadores que se pueden consultar dentro del FSI destacan dos: el ROE (Rentabilidad sobre Patrimonio Neto) y el ROA (Rentabilidad sobre el Activo). Para finales de 2013, Venezuela contaba con uno de los ROA más alto del mundo: 4,2, solo superado por Argentina (4,4), Uganda (4,7) y por Grecia (8,1). Para que se tenga una idea del asunto, el de los Estados Unidos es 1,6, mientras que el de Inglaterra es 0,3, el de Suiza 0,6 y el de Alemania 0,4. En líneas generales, el promedio ronda los 2 puntos.
Pero si en ROA la banca venezolana está entre las cinco primeras, en ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) se destaca aún más, pues para el mismo año alcanzó el primer lugar con un descollante 51,2. Le seguían bastante lejos Argentina (38), Ghana (36) y Kenya (31), de entre los países desarrollados el ROE más alto es el canadiense (20,9), mientras que el de los Estados Unidos es 13.
Así las cosas, ¿cuál es la responsabilidad de un sector que aumenta de forma tan fabulosas sus utilidades en medio de un contexto de especulación generalizada? ¿No es claro que dicho aumento se convierte a su vez en un incentivo para la generalización de la especulación? Y por el último, al menos en lo que a esta nota refiere, ¿cómo hacer para destinar esa masa fabulosa de dinero para inversión productiva y social y no se vaya del país ni se dedique a las actividades especulativas y suntuarias a las que se está destinando? Todas esas son preguntas a hacerse en un país donde los voceros oficiales y oficiosos del sistema financiero especulativo nos machacan todos los días con el tema del déficit y la crisis de financiamiento.
Parafraseando a un Superintendente de Precios Justos que alguna vez dijo que no es verdad que Venezuela sea el país del "no hay", como dice la derecha a propósito de la escasez inducida, sino del "no hay donde debe estar" gracias a la acción de los acaparadores, contrabandistas y revendedores, pareciera evidente que nuestros problemas financieros y fiscales no se deben tanto a la de escasez de recursos como al acaparamiento y desvío groseros de los mismos. Esperamos que con estas nuevas medidas –que en buena medida requieren de un SENIAT mucho más activo y eficiente- avancemos en solucionar este entuerto que tanto daño históricamente le ha hecho al país, para poder mejor avanzar hacia una sociedad más justa y dejar atrás definitivamente y para siempre el parasitismo de los pocos en detrimento de los muchos.
[1] Pedro Tinoco. Presidente del BCV durante el paquetazo neoliberal de 1989, amigo y socio de Carlos Andrés Pérez y figura estelar del clan de corrupción bautizado como Los doce apóstoles, denominado así no tanto porque fueran doce sino justo porque Tinoco era el "Pedro" que movía todos los hilos del grupo. Tinoco fue dueño del Banco Latino, y de hecho, alimentó desde el BCV el crecimiento especulativo del mismo que derivó en la quiebra del sistema financiero en 1994. Valga agregar que también fue socio del padre de Diana D Agostino, la esposa de uno de los dos candidatos favoritos de la derecha a presidir la nueva Asamblea Nacional: Henry Ramos Allup y de éste mismo en el oscuro mundo de las contratistas de la construcción. D Agostino fue abogada del bufete de Tinoco y Consultora Jurídica del Latino.
